Humanidad, protesta y violencia

A propósito del actuar policial a nivel local e internacional, en las últimas semanas se ha hecho radicalmente visible la inexistencia de algo así como la igualdad ante la ley. Es que ante el paro de camioneros el Ministro del Interior Víctor Pérez ha planteado que “estamos en un conflicto y por lo tanto el manejo del conflicto es resolverlo y no agravarlo (mediante la acción policial)”cuestión que evidencia tanto el carácter político de las definiciones sobre qué y cómo reprimir por medio de la fuerza del Estado, como también la tolerancia a ciertas formas de movilización y protesta que, en un contexto como el actual, están desajustadas a la legalidad vigente (pues, entre otras cosas, rompen con el toque de queda). Todo esto se agrava con imágenes de fiestas con asados, alcohol y mujeres en medio del toque de queda. Y también con videos de barricadas realizadas en la carretera, en posible estado de ebriedad.


Resulta evidente que las incomodidades generadas por un tipo de manifestaciones -de camioneros- son aceptadas, mientras que en otros casos -toma de municipalidades-, eso no ocurre.En semanas anteriores, las manifestaciones de racismo explícito en contra de grupos de mapuche que mantenían tomadas las dependencias de varias municipalidades en la región de la Araucanía, también fueron tratadas con guante blanco por Carabineros que, de hecho, propinaron golpizas a los comuneros al desalojarlos. En este caso, fue el mismo Ministro Pérez el que instó que se desarrollaran esos procesos en su visita a la región días antes. Por ende, resulta evidente que las incomodidades generadas por un tipo de manifestaciones -de camioneros- son aceptadas, mientras que en otros casos -toma de municipalidades-, eso no ocurre. Y difícilmente podría argüirse que en esta última existía violencia o algún delito flagrante, excusa usual para desplegar la represión.

Algo similar ocurre con las manifestaciones desarrolladas en Plaza de la Dignidad el viernes pasado, que fueron duramente reprimidas por Carabineros, e incluso se pudo consignar presencia de militares. Todo esto en un horario previo al toque de queda, y sin siquiera tomarse las calles, pues la manifestación fue reprimida cuando aún estaba en la vereda. Esto se puede ver mediante diversos registros audiovisuales.

Ahora bien, toda esta situación adquiere un carácter mucho más arbitrario cuando sabemos que al mismo tiempo en que se manifestaciones de camioneros y de racistas son cuidadas y tratadas con el pétalo de una rosa por parte de Carabineros, hay miles de jóvenes que son presos políticos de la revuelta que comienzan a enfrentar juicios con leyes ad hoc.

Peor resulta la situación al considerar que las miles de querellas interpuestas en contra de Carabineros por violaciones a los DD.HH. durante el estallido social han sido mínimamente consideradas, y aunque la detención de Claudio Crespo por el caso de Gustavo Gatica y de Patricio Maturana por el caso de Fabiola Campillay muestran que es posible la justicia cuando existe la voluntad, el peligro de que el asunto se reduzca a la resolución de casos emblemáticos es grande. Y deja en el más absoluto desamparo a miles de personas que sufrieron abusos, envía la señal a la sociedad en su conjunto que deben tener miedo de tener secuelas físicas o penales por protestar, y reafirma lo que ya dijo Mario Rozas previamente: que se hará todo lo posible por mantener la impunidad de las fuerzas de orden.

En el plano internacional, el 23 de agosto en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos, la policía local disparó siete veces al cuerpo de Jacob Blake (quien es afrodescendiente) durante su arresto por violencia doméstica, dejándolo posiblemente paralizado de la cintura hacia abajo. Como era de esperarse, la situación está produciendo una serie de manifestaciones que incluyen el paro de la NBA, pero también, revueltas en la ciudad de Kenosha. En ese marco, el día 25 de agosto en la noche, un adolescente (blanco y vinculado a ideas supremacistas blancas) armado con un rifle viajó desde el vecino estado de Illinois para “defender la propiedad” de las protestas. Le disparó y mató a una persona y luego, cuando los protestantes lo perseguían, les disparó a dos personas más. Mató a uno e hirió al otro. Después del hecho el joven camina a través de la policía, con su rifle colgando. Esta persona fue recién detenida al día siguiente.

Como resulta evidente, la forma de actuar de la policía en uno y otro caso son exageradamente distintas. En el primer caso el trato es incluso más violento que el usado contra animales salvajes en Estados Unidos. En el segundo hay un trato mucho más digno y humano para la detención.

Si bien los casos de Chile y de Estados Unidos son bien diferentes, ambos sirven para demostrar la explicitación de la desigualdad ante la ley, y las maneras en que el actuar policial reproducen una serie de problemáticas estructurales, vinculadas en este caso al clasismo y al racismo. Y como dichas estructuras están construidas sobre la base de una violencia histórica, y se mantienen mediante el ejercicio de la violencia para reprimir la búsqueda por modificar lo existente, entonces resulta claro que existe un ejercicio político de la violencia por parte de las policía.

La pregunta es cómo salir de aquello. Dentro de Chile han proliferado las posiciones que parecen ajustarse a la ley del Talión: si nos reprimieron a nosotros, que los repriman a ellos igual. Aspirar a aquello es validar la violencia estatal como manera de resolver los conflictos sociales y políticos, y eso puede llevar a caminos terribles. En este marco, creo que se debe aspirar a que el trato igualitario sea más bien la tolerancia a la protesta legítima, sea cual sea su forma. En esa línea, la afirmación del derecho a la política resulta central, y es totalmente discriminatorio y contradictorio con la democracia que este derecho pueda ser ejercido en algunos casos y no en otros.

Pero más aún, como sociedad debemos abordar una profunda problemática, relativa a la violencia. Porque tal vez en el éter podríamos asumir como premisa general la condena de la violencia “venga de donde venga”. Pero desde una perspectiva histórica el ejercicio de la violencia ha sido una práctica utilizada para amedrentar, reprimir, empobrecer, hacer desaparecer, despojar, violar o erradicar a grupos sociales considerados indeseables en determinado minuto. Todo esto con el apoyo o complacencia del Estado, e incluso con el Estado mismo realizándolo. Y esas prácticas violentas se han ido acumulando en el tiempo, especialmente porque sus efectos son todavía palpables, y se viven cotidianamente por quienes se han visto afectados por ellos. En ese sentido, la lucha por modificar la situación actual implica también un enfrentamiento directo con las consecuencias de esa violencia pasada. Y como estas últimas son el soporte para el orden actual, el que a su vez es defendido con uñas y dientes por quienes se ven beneficiados por el mismo, la reproducción de la violencia aparece como consecuencia más o menos inevitable. Especialmente cuando los que supuestamente deberían defender los derechos de todos toman partido por un bando.

En definitiva, toda esta situación lleva hacia unas tensiones sociales que, correctamente se ha dicho, responden a dinámicas mundiales, pero se manifiestan bien concretamente en el caso chileno. Y teniendo la histórica oportunidad de discutirlas en el marco del proceso constituyente, parece fundamental tomar el guante. Así, propongo dos elementos. El primero es que sea cual sea el delito o crimen cometido, todo mundo tiene derecho a ser tratado como humano, a no ser golpeado o torturado y a tener un juicio justo e imparcial. En ese marco, las expresiones de racismo de hace algún tiempo deben ser sancionadas -y cuando no lo son, se envía el mensaje nefasto que estas serán toleradas-, pero mediante las fórmulas que como sociedad nos hemos dotado para abordar el crimen y los delitos. Hasta el más abyecto de los crímenes no hace merecedor a quien lo realiza de la justicia por las propias manos, por más que el deseo de venganza sea sumamente humano.

Un segundo elemento es que la protesta social debe ser tolerada y aceptada, incluso cuando no nos gusta. Y en ningún caso debería el actuar de las policías tender hacia su represión injustificada y/o politizada. En ese marco, el ejercicio de la violencia estatal contra la sociedad me parece menos tolerable que la violencia social contra la propiedad. Y por lo mismo, cuando se enfatiza más en la persecución de la segunda que de la primera, se está respondiendo a una definición política que asegura la defensa de lo existente al precio de impedir la búsqueda por su transformación.

Publicada originalmente en «El Quinto Poder», 02 de septiembre de 2020.

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